Esa imagen de la balanza perfectamente balanceada que representa a la justicia se desbarata con el anteproyecto de Ley de Arrendamientos que se discute en la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional. Buena parte de los artículos convierte al dueño del inmueble alquilado en el débil jurídico.
El alerta es del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Arturo Facchín, quien destaca la pérdida de garantías para los arrendatarios como una de las principales muestras del desbalance que hace la ley.
De 150 artículos que tiene la propuesta, 57 fueron discutidos y aprobados. De ellos se desprenden factores de preocupación para los arrendatarios: los contratos serán de al menos tres años, la prohibición de solicitar depósitos en dinero como garantía y la creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, que vigilará el congelamiento de los cánones.
"Si no hay garantías de que el inquilino honre los compromisos de cánones justos y, adicionalmente, el cuido del inmueble, sin haber maneras de indemnizar, el arrendatario queda desprotegido profundamente", detalló Facchín.
Otra pretensión directamente en contra del propietario es la obligación de que sea él quien cancele lo correspondiente al condominio y los servicios, que disfruta el inquilino. "Hay distorsiones con los cánones de arrendamiento, congelados desde hace nueve años, que resultan la tercera parte de lo que cuesta el condominio, "porque así es en la realidad": recibe 300 bolívares por alquiler y para el condominio desembolsa 700 bolívares. "Queda en negativo, financiando y subsidiando al inquilino".
El presidente de la Cámara Inmobiliaria recordó que ser arrendatario no significa ser un magnate. Puso como ejemplo a hombres y mujeres de 60 y 70 años que de jóvenes, en vez de convertir sus ahorros en moneda dura en el exterior, decidieron invertir en el país, en una vivienda para alquilar, y así tener una renta pasiva para su vejez y dejar un capital a sus hijos. "Su vida queda desolada", reafirmó.
La Comisión de Servicios Públicos del parlamento nacional trabaja en un anteproyecto de Ley, basado en el documento presentado en marzo por la Red Metropolitana de Inquilinos, de tendencia oficialista.
Facchín alertó además sobre la carga conflictiva del anteproyecto, lo que hará más compleja aún la relación arrendatario-inquilino.
También el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, tocó el tema en conversación con los periodistas antes de la juramentación de la nueva directiva de la Cámara de Comercio de Valencia. Mostró preocupación por la cantidad de personas que dependen de esa actividad económica y advirtió que no es un tema de "ricos y pobres" sino de venezolanos.
Como solución, Facchín insistió en la propuesta ya hecha al Gobierno de construir viviendas para alquilar, y que maneje 25% del mercado. "Pero que las construyan ellos (el Ejecutivo), porque al sector privado se le hace cuesta arriba", acotó.
En Caracas, el director de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, declaró que la ley no aborda el problema que viven los venezolanos por el déficit habitacional, ni busca el consenso con los propietarios.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela reprocha la ley porque en ésta no se obliga al inquilino a cancelar ningún tipo de indemnización, si decide desalojar el inmueble antes de cumplir el contrato que debe durar tres años como mínimo. Martini ve con preocupación la eliminación de la figura de los depósitos. "¿Cómo ahora el dueño de un inmueble es el responsable de los gastos que incurre el inquilino?", se preguntó.
La Cámara Inmobiliaria ha enviado pliegos completos y propuestas, para equilibrar la Ley porque debe ser justa tanto para inquilinos como para arrendadores. "Pero hay un matiz político y poco podemos hacer más allá de alertar", admitió Facchín.
Alquileres caerán en período de hibernación
Los datos que maneja Arturo Facchín sobre Carabobo dan muestra de que los alquileres están desactivados desde hace ocho meses. Al compararlos con la otra gran actividad inmobiliaria, como la compraventa, el arrendamiento queda reducido a 3% y en el mejor de los casos se acerca a 5%. Y el futuro no pinta positivo: "Habrá menos oferta en los alquileres", asegura para recalcar que la oferta tiene ocho meses desactivada. Una revisión rápida por los avisos clasificados de los medios impresos da muestra del congelamiento de la actividad. "Entrarán en hibernación. Hay contratos que ni siquiera llegan a las notarías", que se revisten de informalidad para evitar los controles.
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