jueves, 28 de abril de 2011

INFORMATIVOS ACERCA DE LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTOS

Comisión de Servicios inició la revisión a reforma de Ley de Alquileres

La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional inició la revisión de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y está preparando los ajustes al marco legal.

Los diputados contemplan eliminar del proyecto la obligatoriedad que se establece a las constructoras de destinar 25% de las viviendas nuevas al alquiler, así como el régimen de los conserjes.

Consideran que esos aspectos tienen que estar en otros marcos legales y no en la Ley de Alquileres.

La Comisión está revisando el proyecto que fue aprobado en primera discusión en el año 2007 así como la propuesta entregada el pasado mes de marco por los organizaciones que agrupan a los inquilinos.

El vicepresidente de la instancia, César Rincones señaló que esa reforma legal tiene urgencia parlamentaria, por lo cual ya se está afinando la consulta pública y apuntó que si se aceleran los procesos se puede tener listo el informe para la segunda discusión en mes y medio.

Ayer los diputados se reunieron con las organizaciones de inquilinos a fin de analizar la propuesta.


Proyecto de Ley de Arrendamientos incluye viviendas y locales comerciales

Alrededor del proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos se tejen controversias y visiones antagónicas. Vista desde la oposición es un “zarpazo” que afectará la propiedad privada. Por parte del oficialismo la defensa es total, con la premisa de que llega justo a tiempo para regular una materia que ha estado en el “limbo”, entre decisiones que se dirimen sólo en el campo judicial y mercantil, al ser vista la vivienda como una “mercancía”.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) William Fariñas informó que el proyecto aprobado en primera discusión en marzo pasó a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), en donde se revisa la materia y los antecedentes jurídicos para luego “pulir” el proyecto definitivo que será elevado a la plenaria de la AN.

Indicó que la materia del arrendamiento no sólo es inherente a las viviendas, sino que, además, incluye todo tipo de relación, desde el canon que se paga por locales comerciales, hasta otros inmuebles.

LA MUD ALERTA

Representantes de la oposición ante la Asamblea Nacional (AN), entre ellos el diputado Morel Rodríguez Rojas, quien integra la Comisión parlamentaria, mantienen posición antagónica. Según el diputado margariteño, si la Ley de Arrendamiento se aprueba como está concebida, atentará contra la propiedad privada. En referencia al tema, entrega material informativo elaborado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) el cual se resume así:

• El anteproyecto de ley es confiscatorio, inconstitucional, parcializado y punitivo, y acabará con la oferta de viviendas para alquilar y la construcción de inmuebles con ese objetivo.

• Establece un inconstitucional procedimiento de venta obligatoria de edificios construidos antes de 1987, con posterior expropiación. Se adjudicaría la vivienda expropiada al inquilino en 30 días, con lo cual es imposible el cumplimiento de las formalidades para la expropiación, pago al propietario y transferencia de la propiedad al inquilino, por lo que se podría repetir el fracasado método ejecutado entre 2006 y 2008, por el exalcalde Juan Barreto sobre 188 edificios de inquilinos.

• Fija una fórmula para establecer el precio de venta y la renta de cualquier vivienda destinada, basada en parámetros fijados por el mismo Ejecutivo Nacional (valor del terreno y la construcción), donde se propone absurdamente no tomar en cuenta la ubicación, por lo cual el metro cuadrado en todo el país valdría lo mismo, mientras el Estado cobra a valor de mercado el impuesto sucesoral y el derecho de frente.

• El alquiler mensual podría ser aumentado sólo cada tres años, mientras la inflación es de 25% anual aproximadamente, lo cual llevaría a la ruina al propietario.

• La rentabilidad anual fue bajada hasta un 1% al 4% anual sobre el valor del inmueble, lo cual es inferior a los gastos de condominio, impuestos y reparaciones.

EL DEBATE APENAS COMIENZA SOBRE ESTA MATERIA
En agosto del año 2010, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en cadena nacional solicitó a la AN acelerar la ley de inquilinato. En esa oportunidad enfatizó que al respecto suceden cosas “injustas”. El nuevo marco jurídico deriva de la reforma de la Ley de Inquilinato, vigente desde 1999. El proyecto surgió del colectivo Red de Inquilinos del área metropolitana, con apoyo del PSUV y propone crear una Superintendencia de Inquilinato que permita normar los costos del canon de arrendamiento. Propone establecer tasas fijas de precios, con sus variaciones respectivas. Consideran que el Estado debe regular el precio.

En la otra acera del debate, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), critica el proyecto de Ley en los comunicados que ha elaborado, por considerar que, además de atentar contra la propiedad privada, crea un procedimiento engorroso de cinco instancias, que impide recuperar la vivienda por la vía judicial hasta que el Estado le consiga una nueva vivienda al inquilino saliente, sin determinar el tiempo, lo cual hará irrecuperable el inmueble.

Aparte de ello consideran que la nueva Ley de Arrendamientos no deroga la congelación de alquileres, ni la suspensión de desalojos del TSJ, con lo cual se mantiene la injusticia de estas medidas.



Las dos millones de familias que en los próximos siete años se le adjudicará una vivienda serán propietarias del inmueble, "van a ser propietarias", así lo ratificó el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Francisco Sesto, al señalar que existe una disposición para garantizar el derecho a la propiedad del ciudadano tal como lo establece la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Misión Vivienda Venezuela.

El pueblo será propietario en lo colectivo del terreno y en lo familiar del inmueble, precisó durante su participación en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.

La Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas refuerza el derecho a la propiedad. El Gobierno garantiza a todas las familias que serán censadas, técnica y científicamente, en el gran registro definitivo de la Misión Vivienda Venezuela que tendrán su vivienda en los próximos años, en todos los estados del país, agregó.

Este programa estará desplegado en todos los estados del país donde existe déficit habitacional, es decir, "donde haya necesidad de vivienda allí llegará la Misión Vivienda Venezuela y le solucionará a las familias su problema", comentó.

El proceso de registro de la población -debido a su naturaleza y amplitud- contempla varios meses para su desarrollo; por su carácter técnico se utilizarán máquinas capta huellas, lo que impedirá que una persona se registre varias veces en lugares distintos. Los ciudadanos deberán suministrar toda la información requerida de manera detallada.

Con la información recabada en este proceso –que recorrerá el territorio nacional- se conocerá con exactitud el número de familias y personas que necesitan viviendas en cada municipio y región de Venezuela, aseguró el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas.

Existe toda la voluntad del Gobierno nacional y de la sociedad para cumplir la meta de dos millones de vivienda en siete años, expresó. Meta que será cumplida de la siguiente manera: 150 mil en el 2011, 200 mil en el 2012, y 300 mil en el 2013, para luego continuar con esta cifra promedio de construcción anual que se mantendrá una vez sea alcanzado el tope de unidades familiares previsto hasta el 2017.

La problemática del déficit habitacional en Venezuela será resuelta por todos los ciudadanos, asintió al manifestar que "el pueblo venezolano debe tener la confianza y la seguridad de que ahora -por fin- este problema será enfrentado con toda la fuerza del Estado y lo vamos a solucionar". 


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